URBANISMO CIUDAD GUAYANA
El ritmo de construcción de
viviendas del sector público va a un paso más lento que el de los constructores
de casas y ranchos en ocupaciones irregulares.
"No somos invasores"
El grupo de personas -que
aseguraron pertenecer a las comunidades adyacentes- se agolpó frente a la
entrada de Río Negro y decidió crear una lista con el propósito de
"realizar la división de las parcelas".
En reiteradas oportunidades
negaron que se dediquen a "invadir" propiedades ajenas y aseguraron
que "nos estamos apegando a la Gaceta 5933, que dice que las tierras
urbanas ociosas pueden ser usadas para la construcción de viviendas, porque
este es un terreno que tiene más de 30 años abandonado".
Según la interpretación de los "ocupantes" de la
Ley de Consejos Comunales, "es la comunidad la que va a decidir qué hacer
con las tierras ociosas y nosotros decidimos solucionar el problema del déficit
habitacional, a través de la construcción de viviendas, en espacios que hasta
ahora no tienen ninguna finalidad", comentaron Jorge Ricardo y Saida
Loreto, voceros de los presentes al portal el consumidor venezolano.
Terrenos ajenos
Omar Barbar, propietario de
una vivienda en Altos de Caroní, adyacente al terreno que se pretende ocupar,
advirtió que estos son propiedad de Ferrocasa, al tiempo que agregó que
"no se dejen engañar, no inviertan dinero y tiempo en espacios que son de
otra persona, porque van a perderlo todo. Esa gente está esperando arrancar sus
construcciones nada más".
Los ocupantes -que gritaban a
viva voz: "esto es del pueblo"- no especificaron cuántas familias
estaban en la lista que desde tempranas horas realizaban y a la que cada vez se
iba sumando más personas, y ante el cumplimiento de una ordenanza emitida en
enero del presente año que prohíbe las invasiones, comentaron: "ningún
decreto municipal puede estar por encima de las leyes".
La asesora legal de una
conocida empresa constructora propietaria de algunos proyectos que esperan ser
ejecutados en Terrazas del Caroní, indicó que la tierra que no pertenece a
Fogade "igual tienen otros dueños o están destinados a ser zonas comerciales,
recreacionales o educativas".
La jurista, que pidió no ser
identificada por temor a represalias, comentó que en días previos estableció
comunicación con representantes de Fogade, quienes aseguraron que
"enviarían una gente para allá, porque no dieron ninguna autorización para
ocupar nada".
Inseguridad latente
Vecinos de Terrazas del
Caroní -que prefirieron no ser identificados-, aseguraron que algunos de los
"invasores" se han adueñado de los terrenos, ejerciendo aparentes
medidas de presión sobre los vigilantes, quienes desde el sábado abandonaron
sus puestos de trabajo, día en el que uno de los residentes resultó víctima del
hampa, "ya estamos viendo las consecuencias de esas acciones
ilegales", comentaron.
Hasta 2010, los asentamientos
irregulares estaban compuestos por 22 mil 237 unidades, de las cuales 60 por
ciento son casas y 40 por ciento ranchos. Hasta ese mismo período, la
Gobernación del estado Bolívar había construido 4 mil 200 viviendas.
Entre
tanto 53 años tiene la capital del
municipio Caroní. Una ciudad que pese a la multiplicidad de quejas vecinales y
reclamos laborales resiste ante la pauperización de la gestión pública, la
improvisación de políticas sociales de carácter populista y, quizás lo más
grave, la falta de cohesión de sus actores para enrumbar el proyecto Guayana a
través de un modelo sustentable e independiente de los arrebatos de quienes
ostentan el poder político.
Más allá de
los incontables reclamos laborales y la falta de poder adquisitivo que representa
el quiebre de las estatales, la urbe sufre la desatención de sus principales
padrinos que desde hace un buen rato no limpian o asfaltan las calles, no
construyen teatros, plazas, ni ejecutan urbanismos nuevos.
Medio siglo
después, brindar calidad de vida a estas familias que echaron sus raíces en el
polo industrial modelo de Venezuela pasó a segundo plano. Las empresas básicas
son ahora poco rentables, lo que ha ido en detrimento de la influencia de CVG,
que en un principio tuvo la responsabilidad de desarrollar la zona.
Se percibe
difícil un crecimiento urbanístico de la ciudad, o el avance en términos
culturales, educativos o sociales, cuando el Plan de Inversión de la Alcaldía
de Caroní para 2014 contempla como principales áreas el “alumbrado público,
vialidad y aguas servidas”.
De Acuerdo a una entrevista a La
urbanista María Nuria De Cesaris realizada por el Correo del Orinoco opina que
en la actualidad “se ha perdido la conciencia de la magnitud de la tarea (...)
de lo complejo que es manejar una ciudad como esta”, y asegura que el criterio
de planificación se ha perdido conforme han pasado los gobiernos municipales.
Vivienda y “desplanificación”
urbana
El crecimiento “planificado” de una ciudad estima, en primer lugar, la instalación de los servicios básicos, seguido de la vialidad y luego la construcción de viviendas, caso muy distinto a lo que ocurrió al final de la avenida Atlántico en los sectores de Villa Bahía, Las Amazonas o Villa Celestial, en Puerto Ordaz, en los que las calles son de tierra, no hay alumbrado público ni sistema de aguas servidas.
Aunque es cierto que estos sectores se
fundaron a partir de invasiones y por ende su desarrollo fue espontáneo, estos
modos contradicen el esquema inicial. Ejemplos de estos sobran: urbanizaciones
como Villa Brasil o los campos de Ferrominera, construidos por el aporte de
Sidor y Ferrominera Orinoco, que guardaban especial respeto a las variables de
la Unidad de Desarrollo (UD).
Los
esfuerzos del Estado en materia habitacional están concentrados en las
construcciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), las cuales
significan grandes baches en el ordenamiento urbano al edificar en terrenos
zonificados para el servicio de recreación pasiva (SRP) y servicio deportivo
(SD).
En
este sentido, De Cesaris acentúa que desde el Gobierno “obviaron toda
consideración técnica sobre cómo hacer las cosas en la ciudad (...) al pensar
que los intereses particulares de alguien que necesita vivienda están por
encima de los intereses colectivos de una comunidad que necesita escuelas,
ambulatorios, parques, canchas deportivas”.
La
urbanista remarcó que errores de este tipo afectarán a largo plazo. La
comunidad Francisco de Miranda, edificada por la GMVV en Los Mangos, “acaba de
truncar una arteria vial que es necesaria para que circule bien la ciudad, a
futuro, que es la avenida Libertador”.
Hacia un nuevo modelo
No hay duda que una ciudad es de sus ciudadanos. El poder que tienen los gobernantes sobre ella es determinante, pero ello no excluye a los guayacitanos o al sector empresarial privado de concentrar esfuerzos en pro de la inversión local, en ser generador de propuestas o de ser contralor social de planes rectores de la ciudad como el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), diseñado en 2005.
Al estar minimizado el rol de las empresas básicas, De Cesaris
resalta la necesidad de “tener una política sana de responsabilidad
corporativa” para incentivar al sector privado a destinar la inversión social
que deben hacer por ley “a hacer obras en grande” para la ciudad.
Se
trata de “direccionar bien” cada uno de los aportes, indica la urbanista,
jerarquizando las inversiones entre nacionales, regionales, municipales, de
responsabilidad social e “incluso el aporte ciudadano”.
Aunque la planificación de la urbe no vislumbra seguir siendo la mayor cualidad de Ciudad Guayana, sí lo será el potencial y talento de sus ciudadanos.
En
los últimos años la cultura y el emprendimiento han tenido un repunte
considerable, tomando relevancia diseñadores e ilustradores locales, así como
nuevas propuestas de negocios que antes se circunscribían a los centros
comerciales más importantes.
“Obviaron toda consideración técnica sobre cómo hacer las cosas en
la ciudad, al pensar que los intereses particulares de alguien que necesita
vivienda están por encima de los intereses colectivos de una comunidad que
necesita escuelas, ambulatorios, parques, canchas deportivas”.
María Nuria De Cesaris, urbanista
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